Camino del cadalso.

 

Editorial de la Cartelera Turia, semanario cultural del País Valenciano fundado en 1964.

 

El procesamiento judicial del ex casi todo en los gobiernos valencianos, Rafael Blasco Castany, se veía venir. Pero incluso para la atónita y paciente ciudadanía del País Valenciano, resulta tan insólito como desconcertante que el cada día más disminuido presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, mantenga al presunto en el escaño de las Cortes —mejor dicho, no le sugiera que dimita para prepararse el neceser—, hasta tanto no se le ordene sentarse en el banquillo de los acusados. Insólito, porque el llamado caso Cooperación, en el cual se escruta el desvío de ocho millones de euros de fondos públicos destinados a la solidaridad con el Tercer Mundo, supone una causa más que justificada para que Blasco fuese apartado hace mucho tiempo de su función representativa: ¿a qué gremio de actividad, más que partido político, representa actualmente don Rafael? Y no adoptar, por parte de quien dice liderar el PP valenciano, la firmeza necesaria para que el imputado ceda el paso en la sede parlamentaria —muy desacreditada por obra y gracia de la creciente nómina patibularia entre la derecha indígena—, resulta desconcertante y da alas a la sospecha de que un mal gesto con el encausado podría provocar más de un sobresalto, por así decir, en el temerario entramado del insolvente, ruinoso y perverso poder valenciano. ¿Cómo entender que la Fiscalía Anticorrupción demande 14 años de cárcel para Rafael Blasco, la Abogacía de la Generalitat pida 11 años de trullo para el sujeto y Fabra le mantenga a cubierto en el escaño hasta que sea conducido bajo custodia ante el tribunal? Por la misma regla de tres, no cabe explicación —casi mejor no sospechar que existe alguna— sobre por qué la Generalitat descarta la vía penal, al contrario que en el procedimiento seguido con Rafael Blasco, para asegurar la devolución del dispendio de fondos públicos supuestamente desviados con la anuencia del ex presidente Francisco Camps y la todavía alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para engordar los bolsillos del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, a propósito de su Instituto Nóos. La dimensión de la sospecha alcanza magnitudes insoportables. Nadie duda en el entorno de la judicatura que Camps y Barberá serán imputados por delitos relacionados con las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Fabra también lo intuye, pero espera, cual surfista californiano, salir indemne de la gigantesca ola de corrupción valenciana. Más que una ola, un tsunami. O tal vez quedó convertido en estatua de sal, como la mujer de Lot por mirar hacia Gomorra. Tápense la nariz contra el hedor y observen el hundimiento de esta derecha fin de ciclo.

http://www.carteleraturia.com/

 

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